La tragedia de Ana Elvira Dominé, asesinada por asaltantes, no sólo movilizó a miles de tucumanos en dos marchas (la primera fue la más importante de los últimos años), sino que se volvió a correr un telón donde quedó al descubierto todas las falencias que tienen la Policía y la Justicia para prevenir el delito y para investigarlo.

La empresaria fue sorprtendida por los delincuentes para sacarle un bolso en la esquina de avenida Alem y Crisóstomo Álvarez. El ataque mortal se produjo a las 21 de un día que ambas arterias tienen mucho movimiento, tanto vehicular como peatonal. No es una zona alejada, sino un sector bien iluminado. Los vecinos señalaron que de lunes a viernes hay policías en la zona, pero durante los fines de semana, al reducirse la presencia de personas, las paradas de agentes son reemplazadas por recorridos de policías en camionetas o en motocicleta. Esa situación se produce porque los uniformados son desplazados hacia otros lugares donde los sábados y domingos se registran más hechos delictivos. Esta situación deja en claro, por un lado, la falta de recursos humanos y por otro las deficiencias logísticas para realizar tareas de prevención.

A las fallas de la prevención, se suman los problemas que tienen la fuerza y la Justicia para investigar los casos por la falta de tecnología. En el caso Dominé los investigadores se dieron con que las cámaras de seguridad no funcionaban o las imágenes que habían tomado no servían, por lo que tuvieron que recurrir a la buena voluntad de los vecinos que cuentan con ese sistema. El análisis de esas tomas se realizó casi de manera artesanal, pero habrá que esperar un tiempo para que la producción de la prueba se realice, puesto que nuestra provincia no cuenta con sistemas para mejorar la calidad de las imágenes, para realizar estudios genéticos –clave para definir la culpabilidad o la inocencia de una persona-, para realizar escuchas telefónicas con autorización judicial y análisis de los celulares que se secuestran. Tampoco están bien instrumentados los programas de protección a testigos y todo queda a criterio de la secretaria de Derechos Humanos, que se encarga personalmente de realizar todas las gestiones necesarias.

El Ministerio Público Fiscal, en los últimos años, está tratando de revertir esta situación. En menos de un año entregó casi 100 vehículo a la Policía, más de los que compró el mismo Gobierno. También está realizando inversiones para que el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) cuente con las herramientas necesarias su trabajo, pero todavía falta mucho. Este no es un problema nuevo. Después de la desaparición y el crimen de Paulina Lebbos (en 2006), se repitió el discurso de capacitar y dotar de las herramientas tecnológicas a la Policía. Pero nada de eso ocurrió en estos 15 años. El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, en el programa “Panorama Tucumano”, anunció que la Nación enviaría $400 millones para la compra de unas 500 cámaras de seguridad, camionetas y motos para patrullar y la incorporación de unos 500 hombres a la fuerza. La iniciativa es importante, pero es insuficiente si se tiene en cuenta que fue una de las pocas que se hicieron en cinco años (la otra fue la compra de armas que superó los $600 millones y que no terminaron de llegar). Urge un cambio en lo que se refiere a políticas de seguridad, puesto que está demostrado que con la estrategia actual no alcanza.